La promulgación de la Ley 189 de 2026 y su articulación con el nuevo Código de Trabajo han dejado atrás la visión asistencialista de la discapacidad para convertirla en una oportunidad estratégica. En Santiago de Cuba, empresas locales ya demuestran que rentabilidad e inclusión pueden ir de la mano.
Durante décadas, la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad fue abordada desde un prisma exclusivamente ético o asistencial. Se trataba, se decía, de un deber moral. Hoy, esa narrativa ha quedado obsoleta. La promulgación de la Ley 189 de 2026, en articulación con el nuevo Código de Trabajo, consolida un marco normativo que transforma radicalmente la ecuación: ya no se trata solo de proteger derechos, sino de incentivar activamente al empleador mediante beneficios fiscales y deducciones que convierten la inclusión en una decisión económicamente inteligente.
La legislación vigente establece un ecosistema de incentivos diseñado para fomentar la contratación de este talento. Entre los principales beneficios destaca la exención tributaria: el empleador queda eximido del pago del impuesto sobre la fuerza de trabajo por cada persona en situación de discapacidad que contrate, conforme a la Resolución 60/96 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). A ello se suma la deducción de los gastos destinados a la readecuación y acondicionamiento de los puestos laborales, amparada en la Resolución 18/97. Estas no son medidas simbólicas: representan un alivio fiscal concreto que impacta directamente en la rentabilidad de cualquier negocio.
Pero el marco legal va más allá del incentivo. El nuevo Código de Trabajo establece la obligación de realizar ajustes razonables, es decir, adaptaciones en el entorno laboral para garantizar la accesibilidad y el desempeño óptimo del trabajador. Lejos de constituir una carga, estos ajustes —que en muchos casos implican modificaciones menores— eliminan barreras y permiten que el talento fluya sin obstáculos artificiales. La norma, en este sentido, no solo protege al trabajador: protege también al empleador que apuesta por la diversidad, al ofrecerle un marco claro y predecible.
El impacto de estas políticas trasciende el ámbito contable. La inclusión laboral brinda a la persona autonomía, independencia y valida su utilidad en la sociedad. No se trata de caridad, sino de reconocimiento. Cuando una persona en situación de discapacidad accede a un empleo digno, no solo obtiene un ingreso: recupera su lugar como sujeto activo de la comunidad, desarrolla habilidades, construye redes y ejerce plenamente sus derechos.
Desde esta perspectiva, el PDL ZUTURO, en colaboración con la ONG Camaquito, sustenta el Proyecto Sombrilla, una iniciativa dedicada a la inclusión de jóvenes de 18 a 35 años en situación de discapacidad en la provincia de Santiago de Cuba. El proyecto no opera en el vacío: se articula con el marco legal vigente y con empresas locales que ya han dado el paso. Su existencia demuestra que la sociedad civil organizada y el sector privado pueden converger en una misma dirección cuando existen incentivos claros y voluntad política.
La responsabilidad social empresarial ya es una realidad tangible en el territorio santiaguero. Negocios locales como Panadería Yula, Panadería Fénix, Atelier, Zuturo y Creanex han integrado exitosamente a jóvenes en sus plantillas laborales. Estas empresas no solo están transformando vidas: gozan de los beneficios legales vigentes y demuestran, con hechos, que la rentabilidad y la inclusión pueden ir de la mano.
El caso de estos emprendimientos es particularmente elocuente porque desmonta el prejuicio más persistente: aquel que asocia la contratación de personas en situación de discapacidad con una disminución de la productividad o un aumento de los costos. La experiencia local indica lo contrario. Los ajustes razonables, lejos de ser onerosos, suelen ser sencillos y de bajo costo. Y la exención tributaria, sumada a la deducción de gastos, mejora el flujo de caja. El resultado es una ecuación en la que todos ganan: el trabajador, la empresa y la comunidad.
Transformar nuestra provincia comienza por transformar nuestra visión empática hacia la inclusión. No se trata de un acto de benevolencia, sino de una decisión estratégica. Invitamos a los empleadores de Santiago de Cuba a sumarse a este cambio, acceder a los incentivos de la Ley 189 y construir un entorno laboral más diverso, justo y competitivo.
La pregunta ya no es por qué contratar a personas en situación de discapacidad, sino por qué no hacerlo cuando la ley ofrece incentivos, cuando existen proyectos de apoyo como el Proyecto Sombrilla y cuando las empresas vecinas ya demuestran que funciona. La inclusión laboral no es un costo: es una inversión. Y en Santiago de Cuba, esa inversión ya está dando frutos.