En los últimos años, el sector privado cubano ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en áreas como la gastronomía, el diseño, la música y el desarrollo de software. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan estos emprendedores es la protección de la propiedad intelectual (PI), un tema crítico para garantizar la innovación, la competitividad y la atracción de inversiones.
Cuba cuenta con un marco jurídico que, en teoría, protege la propiedad intelectual. La Ley No. 14 «De Derecho de Autor» (1977) y su reforma parcial en 2019, junto con la Ley No. 123 «De Marcas y Otros Signos Distintivos» (2019), establecen protecciones para creaciones artísticas, invenciones, marcas y diseños industriales. Además, el país es signatario de convenios internacionales como el Convenio de Berna y el Acuerdo de París.
Sin embargo, la aplicación práctica de estas leyes es inconsistente, especialmente para los emprendedores privados. Según un informe de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), en 2022 solo se registraron 1,200 solicitudes de marcas, la mayoría de empresas estatales o mixtas. En contraste, el sector privado –que representa más del 30% de la fuerza laboral del país– sigue subrepresentado en estos registros.
Además, la OCPI ha avanzado en la digitalización de los procesos de registro y en la integración con sistemas internacionales, facilitando el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a herramientas modernas para proteger sus activos intangibles. Este proceso contribuye a que los emprendimientos privados puedan insertarse en cadenas de valor más amplias y acceder a financiamiento y alianzas estratégicas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
No obstante, el sector privado enfrenta desafíos relacionados con la cultura de la propiedad intelectual y la necesidad de mayor asesoría técnica. La protección de la propiedad intelectual no solo beneficia a los titulares, sino que también cumple una función social al incentivar la innovación y el desarrollo económico sostenible, en línea con los objetivos constitucionales del país.